– Se disparan demandas contra la Comisión Bancaria; acusan omisiones. – La Comisión Nacional Bancaria y de Valores enfrentó un aumento en las acciones legales promovidas en su contra, por presuntas fallas como órgano regulador del sistema financiero mexicano; su imagen pública resultó aún más afectada tras las sanciones estadounidenses contra bancos nacionales por supuesto lavado de dinero
por Luis Herrera y Christian García Muñoz| Ilustración: Minoz | Reporte Indigo |23 de Julio de 2025 00:07 hs.Las acciones jurídicas promovidas en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), motivadas por presuntas fallas que habría cometido en sus funciones como órgano regulador del sistema financiero mexicano, registraron un incremento significativo durante el Gobierno del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, en comparación con lo sucedido durante la administración federal encabezada por el exmandatario, Enrique Peña Nieto.
La información que proporciona la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), vía transparencia, muestra que durante el sexenio pasado, fueron interpuestos en su contra un total de 394 juicios contenciosos administrativos, así como 348 reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado, todo promovido por parte de ciudadanos y empresas que consideraron que había fallado en su tarea como órgano regulador financiero.
Durante el gobierno encabezado por Peña Nieto, en cambio, esa autoridad bancaria había registrado 145 juicios contenciosos administrativos interpuestos en su contra, además de 255 reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado, también promovidos en su totalidad por ciudadanos y empresas inconformes con sus labores regulatorias sobre el sistema financiero del país, de acuerdo a la solicitud de transparencia con folio 330008025000226.
Esto significa que, de un sexenio a otro, los juicios contenciosos administrativos interpuestos contra la Comisión aumentaron en más del doble (un 171.72 por ciento); mientras que las reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado se incrementaron un 36.47 por ciento, lo cual evidencia que un mayor número de ciudadanos y empresas detectaron presuntas deficiencias en las actividades regulatorias que despliega esa autoridad federal sobre las instituciones financieras.
Además de estos incrementos en las acciones jurídicas interpuestas en su contra, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores también debe lidiar aún con el duro golpe que representaron para su imagen y prestigio las acusaciones que lanzó recientemente el gobierno estadounidense, aseverando que tres instituciones financieras mexicanas estaban presuntamente involucradas en operaciones de lavado de dinero, para beneficiar a cárteles de la droga: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
Omisión en sus deberes
La respuesta que proporcionó la Comisión vía transparencia señala puntualmente que del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, se interpusieron 394 juicios contenciosos administrativos en contra de la CNBV relacionados con responsabilidad patrimonial del Estado por una supuesta actividad administrativa irregular en la supervisión de diversos entes financieros.
Sobre los hechos reclamados en estos juicios, la institución precisó: “Los ‘reclamos y alegatos’ son variados en cada caso en particular, sin embargo, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, informa que los ‘reclamos y alegatos’, en todos los supuestos, versaron sobre actividad administrativa irregular atribuida a este Órgano Desconcentrado en relación con omisiones, es decir, los solicitantes de indemnizaciones que se reportan argumentaron una falta de ejercicio de facultades que tiene expresamente atribuidas la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, principalmente una supuesta falta en la supervisión de entidades”.
En uno de estos juicios, empero, la Comisión sí fue condenada a pagar una indemnización, reconoce en la respuesta, sin embargo, omitió informar el monto económico: “Si bien la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue condenada al pago por concepto de indemnización en 1 juicio contencioso administrativo, el monto pagado a los demandantes es de carácter confidencial, ello al ser información de carácter patrimonial que requiere del consentimiento de su titular para ser difundida, esto es, cuya titularidad corresponda a particulares”.
Aumentan reclamaciones
Con respecto a las reclamaciones por responsabilidad patrimonial presentadas contra la Comisión, las cuales también se incrementaron durante el Gobierno del expresidente, López Obrador, el organismo proporcionó información detallada sobre el estatus procesal que guardan en la actualidad, así como sobre las inconformidades que fueron expresadas por los ciudadanos y empresas que las promovieron.
El documento señala que se interpusieron 348 reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado en contra de la CNBV por una supuesta actividad administrativa irregular en la supervisión de diversos entes financieros y de las 348 reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado, 344 se encuentran concluidas y cuatro en trámite.
Y complementa: “La naturaleza legal de los 348 reclamantes: informa que, las reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado fueron interpuestas por personas físicas y por personas morales, en su calidad de clientes o ahorradores de las Instituciones de Banca Múltiple o Sociedades Financieras Populares.
También se precisa que en ninguna de las 255 reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado se concedió la indemnización al particular en sede administrativa.
Comisión mancillada
Las sanciones que les impuso el Departamento del Tesoro del Gobierno estadounidense, a tres instituciones financieras mexicanas, por estar involucradas presuntamente en actividades de lavado de dinero, para beneficiar a organizaciones del narcotráfico, mancillaron la imagen pública de la Comisión, por ser el órgano regulador y supervisor que debe garantizar el buen funcionamiento del sistema financiero mexicano.
Una de las responsabilidades específicas que tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consiste precisamente en prevenir que el sistema financiero del país sea explotado por las organizaciones criminales para efectuar operaciones de lavado de dinero; por lo cual, el anuncio emitido por el Gobierno estadounidense este 25 de junio de 2025, confirmando que tres instituciones financieras incurren en estas prácticas ilícitas, conlleva que aquella autoridad reguladora falló en el cumplimiento de sus tareas.
CNBV actuó fuera de tiempo
Las acusaciones en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no son recientes, pero tomaron relevancia pública tras el señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero.
La institución incurrió en omisiones, acusa Mario Alberto Di Costanzo, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), quien explicó que la CNBV debió haber convocado a la Asociación de Bancos de México (ABM) y a demás entidades involucradas a que les explicaran nuevo marco de revisión para que se apegaran a él.
Dicho marco normativo surgió como una intención de fortalecer la supervisión de las instituciones financieras, luego de la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. En febrero pasado, Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la CNBV anunció tales acciones pero no detalló la manera en que realizarían.
“Cuando Estados Unidos define a los cárteles de México como terroristas, a partir de ese nombramiento, el gobierno de ese país priorizó dos aspectos fundamentales: ser más minuciosos en la vigilancia del tráfico de armas y dar un mayor seguimiento a los flujos monetarios o a las transferencias de dinero entre ambos países”, manifestó Di Costanzo.
En el caso particular de CI Banco, Intercam y la casa de bolsa Vector, dijo el también consultor financiero, el Departamento del Tesoro había advertido a la CNBV de las operaciones irregulares detectadas, así como la falta de controles que tenían estas tres instituciones, pero la Comisión no hizo caso.
“De hecho, Estados Unidos había propuesto que primero interviniera la CNBV y luego sacaran el reporte, como la Comisión no hizo caso, anunciaron las sanciones.
“Es absurdo que el secretario de Hacienda y la presidenta dicen que no hay pruebas y tres horas después la CNBV interviene a las instituciones, aparentemente no había pruebas pero sí tenían razón”, declaró.
El origen del problema
La CNBV decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam Banco, “dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América”, informó la Junta de Gobierno de la Comisión el pasado 26 de junio.
La institución dio a conocer que dicha intervención se realizó con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores.
Ese mismo día, también se anunció la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, según informó la CNBV, con el fin de proteger los intereses del público inversionista y acreedores.
El objetivo de dichas medidas es sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores, inversionistas y clientes de dichas instituciones.
Tras llevar a cabo la intervención, no se han conocido detalles o hallazgos que refuercen o echen abajo las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, sin embargo, señaló Di Costanzo, ya empezaron a desvalijar a las instituciones.
“Dicen que no han encontrado nada pero a CI Banco ya le quitaron todos los fideicomisos y así lo están haciendo con las otras, por lo menos hay un daño reputacional muy fuerte. ¿Qué va a hacer la CNBV? ¿Va a levantar la intervención? Pues ya el daño ya está hecho”.
Necesario, redefinir papel de la Comisión Bancaria
El papel de la CNBV debe redefinirse en el sentido de la supervisión y de contar con personal que tenga mayor conocimiento del tema, de lo que implica el nuevo marco de revisión, señala Mario Di Costanzo.
“La CNBV tendría que reunirse con las autoridades norteamericanas, anunciar cuáles van a ser los nuevos criterios de revisión, es decir, cuáles son las nuevas reglas del juego, sentarse con los regulados y establecer estos nuevos esquemas de revisión. Esto de entrada”.
Lo anterior depende de las propias acciones que debe ejecutar, aunque también existen factores como la disminución del presupuesto, desde el sexenio pasado; la pérdida de capital humano por haber bajado los sueldos y “la persona que está al frente no cumplía con los requisitos para ser titular de la CNBV y no ha demostrado tener los conocimientos y la práctica necesarios para que tengamos una CNBV eficiente.
“Se debe reconsiderar, y más tomando en cuenta las autoridades norteamericanas, de redefinir el papel del CNBV y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenemos que tener gente con mayor conocimiento del tema, de lo que implica el nuevo marco de revisión y gente con más experiencia en el tema”, sentencia Di Costanzo.
El hecho de que la Comisión no haya aclarado los criterios de revisión modificados tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos, puso “en jaque” a las instituciones financieras. Este “descuido” del que se habla no es el primero. Mario Di Costanzo recordó el conflicto en el Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME), en el que la Comisión intervino tardíamente y opina que no hay manera de que enmiende los errores que se cometieron.
Los problemas económicos hicieron que la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME) saltara al foco público, pues también afectaron a los colaboradores de esta institución, los cuales denunciaron el incumplimiento en el pago de sus sueldos, desde marzo pasado.
La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tardó en dar una respuesta y lo hizo hasta el 13 de junio, cuando acordó la intervención gerencial con el propósito de suspender sus operaciones y así, según informó, salvaguardar los intereses de los ahorradores.
Esta decisión se tomó después de la valoración de una serie de elementos que denotaban irregularidades contables que ponen en riesgo los intereses de los ahorradores.
El expresidente de la Condusef considera que esta omisión es un factor de desprestigio para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como órgano regulador, pues tuvo que haber actuado antes de que se tomaran acciones drásticas.
habló del daño reputacional que esta negligencia ocasiona a las instituciones financieras en cuestión, debido a que están perdiendo clientes, les quitaron los fideicomisos “y el gobierno mexicano sigue diciendo que los Estados Unidos no tenían pruebas, entonces por qué los desvalijaron”.
